La Unión Europea se solidariza con el pueblo de Venezuela, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país. Millones de venezolanos votaron por el cambio democrático apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, según las copias de las actas electorales («actas») a disposición del público. Como las autoridades se han negado a publicar las actas oficiales de los colegios electorales, los resultados anunciados siguen sin verificarse y no pueden reconocerse como representativos de la voluntad del pueblo. Las autoridades venezolanas han perdido una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y garantizar una transición democrática transparente y con garantías para todos. Nicolás Maduro carece, por tanto, de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente.

Desde el día de las elecciones, las autoridades venezolanas han endurecido la represión y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando a las voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse. Más de 2.500 ciudadanos, incluidos menores de edad, fueron detenidos y, aunque la UE toma nota de la liberación de algunos de ellos, ninguno debería haber pasado ni un solo día detenido. La UE hace un llamamiento a las autoridades de Venezuela para que pongan fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, incluidas las de ciudadanos con doble nacionalidad y extranjeros, y liberen incondicionalmente a todos los presos políticos.

Venezuela debe cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho Internacional, incluidas las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Instamos a las autoridades a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. La UE acoge con satisfacción el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como un paso en la dirección correcta. Instamos a Venezuela a que se comprometa de manera constructiva y eficaz con una OACDH de pleno derecho, así como con la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, la Corte Penal Internacional y los mecanismos regionales pertinentes.

En vista de esta situación, el Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones selectivas contra 15 individuos responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela. El objetivo es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis. La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano o a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos y Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática.

En 2025, la Unión Europea seguirá atendiendo las necesidades urgentes de la población de Venezuela, que sufre las consecuencias de la larga crisis humanitaria. Sólo el año pasado, la UE comprometió casi 75 millones de euros destinados a aliviar el sufrimiento de los más vulnerables.

La Unión Europea está al lado de todos los que defienden los valores democráticos en Venezuela, incluidos los defensores de los derechos humanos. La UE seguirá trabajando con todos los venezolanos y con los socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo y una salida democrática de la crisis liderada por los venezolanos, que restablezca la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social de los millones de venezolanos que se enfrentan a necesidades críticas. La UE mantendrá un compromiso específico con las instituciones y con los actores políticos y de la sociedad civil para abordar las preocupaciones y facilitar un diálogo significativo sobre los derechos humanos y la transición a la democracia.

Versión original en inglés