La inestabilidad y el terrorismo en el Sahel representan una amenaza directa para nuestra seguridad.

Los cinco países del G5 del Sahel (Burkina Faso, Mauritania, Mali, Níger y Chad), cuya superficie es equivalente a la de Europa Occidental, se encuentran en los primeros lugares de este grupo de países en peligro. Estos países, que se encuentran entre los más pobres del mundo y además sufren los efectos del cambio climático, de la inseguridad alimentaria y de la debilidad de las estructuras estatales, se enfrentan a múltiples crisis. El terrorismo está causando estragos en la región, con una multiplicación de los ataques en medio de una indiferencia persistente. Solo en 2019, estos han costado la vida a más de 4 000 personas. En Burkina Faso hay casi 800.000 desplazados, siete veces más que en febrero de 2019. En la actualidad hay 17 millones de personas en el Sahel y en África Occidental que necesitan ayuda alimentaria, es decir, el doble que el año pasado. Se estima que el efecto combinado de la inseguridad y de la COVID-19 podría arrastrar a 50 millones de personas a una crisis alimentaria y nutricional.

El Sahel puede parecer lejano a muchos ciudadanos europeos, pero no es así: los países de esta vasta región representan la prolongación de la frontera meridional de la UE, que tiene a Marruecos, Argelia y Libia como vecinos directos. La historia reciente nos enseña que el terrorismo no respeta fronteras y que la inestabilidad es un poderoso motor para el desplazamiento de poblaciones y para todo tipo de tráficos. La inestabilidad y el terrorismo en el Sahel suponen por consiguiente una amenaza directa para nuestra seguridad. Es, pues, nuestro deber de solidaridad, pero también nuestro interés, defender a las poblaciones y a los Estados del Sahel.

Una videoconferencia que reafirma nuestro compromiso colectivo

La semana pasada, junto con el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, celebramos una videoconferencia con los jefes de Estado del G5 del Sahel, el presidente de la Comisión de la Unión Africana y el secretario general adjunto de Naciones Unidas. Esta videoconferencia tenía un objetivo simple: conservar la región del Sahel como prioridad de nuestra agenda e impulsar los esfuerzos de ambas partes.

Ayudas concretas y e inicio de la Coalición por el Sahel

La videoconferencia de la semana pasada nos permitió también poner en marcha oficialmente la Coalición por el Sahel, con el objetivo de ampliar esta coalición a otros socios internacionales, porque el Sahel no puede ser un asunto exclusivo de Europa.

Anunciamos un apoyo adicional de 194 millones de euros: 112 millones de euros para reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad interior de los países de la región y contribuir a la reestructuración de la presencia del Estado y de la justicia en las zonas más frágiles, y 82 millones de euros para programas de resiliencia y desarrollo. Esta nueva contribución se añade a los 4 500 millones de euros que la Unión Europea ha invertido en la región desde 2014.

Además, con el fin de apoyar la lucha contra el coronavirus, hemos decidido adaptar nuestros programas actuales reorientándolos para la respuesta de emergencia a la crisis sanitaria, en particular mediante el refuerzo de los sistemas sanitarios, hídricos y de saneamiento, pero también para cubrir las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. De este modo, en el Sahel se están reasignando casi 450 449 millones de euros.

Paralelamente, apoyamos la petición de nuestros socios africanos de una moratoria del servicio de la deuda contraída con instituciones financieras internacionales. Estamos dispuestos a ir más lejos, reflexionando con dichas instituciones para anular o reestructurar la deuda, que impone una carga considerable para los presupuestos de muchos de nuestros socios.

Un componente de seguridad significativo

Por lo que respecta a la seguridad, apoyamos a la Fuerza Conjunta para cubrir los gastos de equipamiento, infraestructura, asesoramiento y formación. Además, la UE apoya el refuerzo de la capacidad de los países del G-5 del Sahel en los ámbitos de la seguridad interior y la justicia.

También desde 2012 hemos puesto en marcha tres misiones de la política común de seguridad y defensa. A efectos prácticos, esto significa que se han desplegado en la región 900 expertos para ayudar a reforzar las fuerzas de defensa, la gendarmería y la policía mediante diversas actuaciones: asesoramiento, formación y apoyo al equipamiento y las infraestructuras.

Con el fin de abordar mejor la actual situación de seguridad, hemos reforzado y ampliado recientemente el mandato de nuestra misión en Mali. A partir de ahora, la misión podrá actuar fuera de Mali. Por una parte, la misión también podrá acompañar en lo sucesivo al ejército maliense durante su despliegue sobre el terreno, sin participar en operaciones de combate. Por otra parte, podrá formar a otros contingentes nacionales de la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel.

Aceleración de los esfuerzos

Hay que reconocer que, pese a su magnitud sin precedentes, estos esfuerzos no han tenido el éxito esperado. Ha llegado el momento de intensificar nuestro compromiso. La responsabilidad principal corresponde, por supuesto, en primer lugar, a nuestros socios del Sahel. Pero no lo lograrán si están solos, ya que los retos son numerosos y simultáneos. En el Sahel, los gobiernos invierten hasta un tercio de sus presupuestos en gastos de seguridad. Estos esfuerzos no son sostenibles a largo plazo.

En el Sahel, al igual que en otros lugares, no podemos permitirnos poner en cuarentena nuestros esfuerzos.

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