Esta semana realicé una pequeña encuesta anónima con los cinco jóvenes pasantes que actualmente tenemos en la oficina. Todos coinciden unánimemente en que el cambio climático es real y no una falsedad. No aceptan la idea de que "siempre ha habido fenómenos extremos". La mayoría opina que la Unión Europea (UE) es el actor global que más está haciendo para combatir el cambio climático de manera concreta, no solo firmando acuerdos internacionales. Además, la mayoría de ellos están dispuestos a pagar un poco más por un producto, si este viene acompañado de una certificación confiable que garantice que su producción no tuvo un impacto negativo en el medio ambiente. Estos son los jóvenes, nuestros jóvenes. ¿Qué respuestas les estamos dando?

Con plena vigencia a partir del 30 de diciembre de 2024 para las grandes empresas, el Reglamento 2023/1115 sobre productos libres de deforestación de la UE (conocido como EUDR, European Union Deforestation Regulation o Reglamento de Deforestación) exigirá que los productos agrícolas importados al mercado de la UE y exportados desde la UE no provengan de tierras que hayan contribuido a la deforestación ni a la degradación forestal, con el 31 de diciembre de 2020 como fecha de referencia. Pero la UE no está sola en esta iniciativa; otros países también están considerando medidas similares.

Contrario a lo que a veces escucho en esta región, no hacemos esto para proteger a los productores agrícolas europeos. A través del Reglamento de Deforestación, nuestro objetivo es minimizar la contribución de los ciudadanos europeos a la deforestación y degradación forestal global, mitigando así el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo la biodiversidad. Esto significa pasar "de las palabras a los hechos" cuando hablamos del compromiso de la UE con el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Estos compromisos, que en realidad involucran a muchos países y no solo a la UE, nos posicionan como líderes en la implementación de acciones concretas. Además, no se trata de una iniciativa aislada. Con el Pacto Verde Europeo, la UE ha implementado un conjunto de iniciativas políticas y legislativas destinadas a situarla en el camino hacia una transición verde, con el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

No olvidemos que la deforestación es una de las principales causas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Si seguimos consumiendo una parte significativa de productos asociados con la deforestación, nos alejamos del objetivo de cuidar el medio ambiente.

Alrededor del 10% de los bosques del planeta se han perdido en los últimos 30 años debido a la deforestación. Si bien este no es un fenómeno nuevo, la escala y los ritmos actuales de destrucción son alarmantes y generan impactos sociales, económicos y ambientales severos, tanto a nivel local como global.

Volviendo al Reglamento de Deforestación, es importante saber que los requisitos que impone se aplican tanto a los productos fabricados fuera de la UE como a los fabricados al interior de la propia UE. No estamos favoreciendo a nuestros propios productos en detrimento de los de otros países.

En segundo lugar, el Reglamento de Deforestación se enfoca en las empresas, no en los Estados u organizaciones de países terceros. Los requisitos de diligencia debida de cada empresa se simplifican si todos los bienes y productos provienen de países de bajo riesgo.

En realidad, en la UE hemos cambiado nuestro enfoque. Pasamos de la acción voluntaria a un marco regulatorio legal que exige diligencia debida a las empresas que colocan productos en el mercado europeo. No existen obligaciones legales aplicables solo a países no pertenecientes a la UE. El Reglamento de Deforestación establece obligaciones para los operadores y comerciantes, así como para los Estados miembros de la UE y sus autoridades competentes. Muchos países de todo el mundo ya han tomado voluntariamente medidas para mejorar las cadenas de suministro libres de deforestación y fortalecer los sistemas públicos de trazabilidad de los productos básicos relevantes, facilitando así las tareas de las empresas en virtud de la nueva normativa. ¡Enhorabuena!

El Reglamento de Deforestación requerirá que muchos operadores económicos realicen un análisis riguroso de sus cadenas de suministro para garantizar que los productos que introducen en el mercado, o exportan, no contribuyen a la deforestación o degradación forestal. Un problema que se vislumbra es el costo de este proceso para los operadores.

Serán las empresas de la UE las que importen bienes contemplados por el Reglamento de Deforestación las que tendrán la responsabilidad de demostrar el cumplimiento de la normativa. Los datos y la documentación proporcionados por los gobiernos y exportadores de los países productores deberán cumplir con los requisitos, estándares y niveles de tolerancia al riesgo de los importadores de la UE. Dichos datos deben ser sólidos, verificables y consistentes porque los importadores europeos deben presentarlos a las autoridades europeas. Deben confiar en lo que los productores les proporcionan. ¿Tiene costo? Probablemente. Y no hacer nada por los bosques, ¿qué precio tiene? Enfrentarse a más sequías e inundaciones, ¿es acaso gratis?

Se está hablando de cómo van impactar estos cambios en Uruguay. Hace un mes, Eduardo Blasina escribía en una columna que “lamentablemente hay desarrollos ganaderos en América Latina realizados sobre áreas deforestadas”.

UE

Con la colaboración de varios ministerios involucrados, en abril se realizó una prueba piloto con una primera exportación de chips de madera uruguaya bajo los estándares del Reglamento de Deforestación. Se tuvo que realizar un proceso de georreferenciación y geolocalización de los establecimientos de donde se extrajo la madera para los chips y una evaluación para determinar que no existió deforestación desde el año 2020. Todo funcionó bien.

En otra columna, hace unas semanas, Carlos Faroppa, Director General Forestal del MGAP, mencionaba que Uruguay no tiene una tasa significativa de deforestación, y si la tiene, es mínima. El país puede presentarse ante el mundo como libre de deforestación, y así enfrentar las nuevas restricciones de la UE (que yo llamaría ‘requisitos’) con mayor confianza, ya que Uruguay se enfoca en la sustentabilidad más que en la mera conservación, lo que lo posiciona en mejores condiciones. Por ejemplo, Uruguay ya cuenta con una sólida base de información sobre todos los bosques nativos registrados y mapeados, planes de uso y manejo de suelos, trazabilidad ganadera y otros mecanismos que aseguran la sustentabilidad de su producción.

En varios sectores, incluido el forestal, Uruguay lidera a nivel regional y tiene toda la capacidad de jugar en primera división para contribuir a la mejora del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Es el ‘Uruguay Natural’, un lema que bien representa lo que he observado en varios recorridos por el país. Estoy seguro de que, a mediano plazo, todos verán en el Reglamento de Deforestación un instrumento fundamental para mejorar la sustentabilidad de los productos y lograr, gracias a ello, un mejor acceso a mercados competitivos.