Desde el día de las elecciones, las autoridades venezolanas han endurecido la represión y el acoso contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando a voces disidentes y obligando a su propia ciudadanía a vivir con miedo o a exiliarse. Se ha detenido a más de 2 500 ciudadanos, entre ellos menores, y, aunque la UE toma nota de la liberación de algunos de ellos, ninguna de estas personas debería haber estado privada de libertad ni un solo día. La UE insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, también las de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, y a que liberen sin condiciones a todos los presos políticos.

Venezuela debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional, como por ejemplo las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares. Instamos a las autoridades a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. La UE acoge con satisfacción el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como un paso en la dirección correcta. Instamos a Venezuela a que colabore de manera constructiva y efectiva con una OACNUDH plenamente desplegada, así como con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los mecanismos regionales pertinentes.

A la luz de esta situación, el Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra quince personas responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela, con objeto de respaldar una solución negociada y democrática a la crisis. La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo o a la economía de Venezuela. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE estará sujeta a que se logren avances tangibles en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y a que se den pasos importantes hacia un diálogo auténtico y una transición democrática.

En 2025, la Unión Europea seguirá abordando las necesidades urgentes de la población venezolana, que sufre las consecuencias de la prolongada crisis humanitaria. Solo el año pasado, la UE destinó casi 75 millones de euros a aliviar el sufrimiento de la población más vulnerable.

La Unión Europea apoya a todas las personas que defienden los valores democráticos en Venezuela, entre los que se encuentran los defensores de los derechos humanos. La UE seguirá trabajando con toda la población venezolana, así como con los socios regionales e internacionales, para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis, bajo el liderazgo de los venezolanos, que restablezca la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social para los millones de venezolanos que se enfrentan a necesidades críticas. La UE proseguirá los contactos selectivos con las instituciones y con los agentes políticos y de la sociedad civil a fin de abordar las preocupaciones y de facilitar un diálogo constructivo sobre los derechos humanos y la transición a la democracia.