Contexto:

En los últimos años las ciudades y países de América Latina y el Caribe han afrontado el fenómeno de flujos migratorios mixtos a partir de la salida de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. De acuerdo con datos de las autoridades nacionales de migración, la Plataforma Regional R4V y otras fuentes, para el 2021 se estima que 5,6 millones de refugiados y migrantes se han movilizado alrededor del mundo, de los cuales 4,6 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, sumado a más de 700 mil personas que han retornado a su país de origen en la región. Esta población en condición de refugio y migración impacta a las ciudades de manera significativa, representando desafíos importantes para los gobiernos locales y las comunidades de acogida.

Objetivo general: Fortalecer los gobiernos locales y comunidades en el manejo del impacto de la crisis y apoyar la reactivación socioeconómica en las ciudades.

Objetivo específico:

• Acciones relacionadas con el análisis y sistematización de información relevante para la respuesta de ciudades sobre COVID-19;
• Realización de talleres para funcionarios públicos;
• Acciones de transferencias monetarias (CBI – Cash Based Interventions) para cubrir necesidades básicas a comunidades vulnerables en las ciudades objeto del proyecto.

Duración: 2021 - 2024

Contrbución de la UE: 16.000.000 EUR

Organismos de ejecución: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para migrantes (OIM) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).

Zonas beneficiarias: Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago

Grupos destinatarios: Refugiados, migrantes y solicitantes de asilo 

Acciones en Panamá:

• Informar y apoyar al Gobierno local de La Chorrera
• Incluir los aspectos relacionados con migración y asilo en las estrategias y planeación urbanas
• Promover la cohesión social entre la comunidad anfitriona y los refugiados/migrantes,
• Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado