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Países de Latinoamérica fortalecerán capacidades en ciberseguridad con apoyo de Chile y la Unión Europea

El proyecto de cooperación triangular busca mejorar las capacidades en tomadores de decisión, tanto en gobiernos, sociedad civil y academia.

En las dependencias del Palacio de La Moneda se firmó un acuerdo para desarrollar el proyecto de cooperación triangular “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en América Latina y el Caribe en materia de ciberseguridad”, que apuesta por incrementar la resiliencia cibernética de los países latinoamericanos, contribuyendo así a un entorno digital más seguro y estable a nivel global.

Esta iniciativa se enmarca en la Alianza Digital UE-ALC que busca promover la colaboración entre la Unión Europea y América Latina en asuntos digitales clave a través del diálogo e iniciativas conjuntas, fomentando una transformación digital centrada en el ser humano en ambas regiones.

La firma se llevó a cabo con la presencia de la Ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el Director de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, Félix Fernández Shaw; el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Enrique O’Farrill; la Embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer;  el Director de la División de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Embajador Guillermo Bittelman; y el Coordinador Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez.

“Este acuerdo permitirá que Chile pueda fortalecer sus políticas en materia de ciberseguridad en un momento clave en que se echa a andar la nueva Ley Marco y la Agencia de Ciberseguridad. Este avance, sumado a la política implementada por el país durante los últimos tres gobiernos, ponen a Chile en una posición de liderazgo en la materia respecto a América Latina; y el acuerdo con la UE va a permitir compartir esa experiencia en la Región. Sin duda este es un tema en que debemos aumentar la cooperación y el diálogo internacional dada la naturaleza transnacional de sus desafíos y amenazas. El apoyo de la UE será muy valioso para avanzar en ese sentido”, afirmó la Ministra del Interior.

En tanto, Félix Fernández Shaw señaló que “es muy importante destacar el liderazgo que Chile ha tomado en materia de ciberseguridad en el marco de la Alianza Digital UE-ALC. Creemos que la colaboración y aprendizaje entre pares es clave para avanzar en materias digitales y este proyecto permitirá precisamente esto. Si bien este trabajo se inspira, entre otros, en el marco normativo europeo, permitirá a Chile dar a conocer su experiencia y colaborar junto a los países de la región para enfrentar los desafíos de ciberseguridad actuales.”

“Este proyecto es el reflejo de la estrecha  relación de cooperación con la Unión Europea y de nuestros esfuerzos por atender temas y desafíos tan complejos como la ciberseguridad”, afirmó el Director de AGCID. Además, explicó que “las posibilidades financieras, técnicas e institucionales que otorga la Cooperación Triangular, permiten impulsar iniciativas de mayor densidad técnica, que a su vez, otorgan mayores beneficios y aprendizajes para todos los socios que forman parte de un proyecto”.

Por su parte, el Coordinador Nacional de Ciberseguridad destacó que el avance legislativo de Chile en este tema “se basa, principalmente, en la capacidad de construir acuerdos transversales sobre la importancia de la ciberseguridad para el normal funcionamiento del país”. Esa robustez -que se tradujo en la aprobación en 2023 de la primera Ley Marco de Ciberseguridad de América Latina y el Caribe y de la nueva Política Nacional de Ciberseguridad 2024-2028-, afirmó Álvarez, “permitió que Chile fuera elegido para ejecutar este proyecto con la UE, en lo que se convierte en la primera iniciativa internacional ejecutada por la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, ANCI”.

El proyecto cuenta con un aporte de 1,3 millones de euros de la Unión Europea y pretende fortalecer y desarrollar las capacidades nacionales de países de América Latina y el Caribe, en especial de sus respectivos tomadores de decisión, funcionarios de gobierno, miembros de la sociedad civil y la academia, para enfrentar el debate regulatorio sobre institucionalidad pública de la ciberseguridad, a partir del despliegue de acciones necesarias para generar, ampliar y difundir el conocimiento sobre la regulación de la ciberseguridad, utilizando el marco normativo de la Unión Europea como referencia.